Jorge Pizarro y la inmoralidad de defender la Ley de Pesca

por Richard Sandoval



Sobre Richard Sandoval

Director en @noesnalaferia y conductor en @RNuevoMundo y @subelaradio. Autor de libros Soy Periférico y Colo Colo ya no es de Chile. Periodista @uchile

Por Richard Sandoval

Jorge Pizarro cree que por ningún motivo hay que anular la Ley de Pesca. Que cómo se nos va a ocurrir. Que qué van a decir en el extranjero por la legalidad de nuestras decisiones. Que cómo vamos a comportarnos de forma tan populista frente a la ciudadanía. Yo me pregunto, sinceramente ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza tener $110 millones de aportes reservados y hablar de legalidad en nuestras decisiones, mientras defiende a diente y uña a sus hijos, pagados de forma millonaria por Soquimich por realizar asesorías verbales más chantas que las de Sampaoli al Inaf? Porque hay que tener cara de palo para hablar de populismo luego de revisar su comportamiento tras su escandaloso viaje a disfrutar del Mundial de Rugby a sabiendas del dolor incalculable de su región, necesitada de manos y gestión de sus autoridades a horas del mayor terremoto sufrido en décadas. ¿Qué hizo durante semanas Jorge Pizarro luego de transformarse en meme por fomentar el descrédito a la política chilena? Justificó, justificó y jamás pidió perdón, hasta meses después en una entrevista en La Tercera, donde apenas se limitó a solicitar excusas si alguien se sintió afectado. ¿Hay que creerle ese “arrepentimiento”, o hay que calificarlo como un acto populista necesitado de mejorar su imagen? Como no me gusta quedar de tonto, me inclino por lo segundo.

Jorge Pizarro, el mismo que en 2012 aprobó la Ley de Pesca contra la opinión de los numerosos pescadores artesanales de su región, hoy da clases de respeto a la institucionalidad y el orden usando un argumento que se cae a pedazos: la necesidad de mantener una “armonía en la economía”. ¿Nos creerá tan pero tan imbéciles como para hacernos creer que la armonía de la economía depende de no tocar una legislación dictada por una empresa en lugar de hacer respetar la Ley castigando como se debe a los grupos económicos y políticos que, coludidos, han robado 2.000 millones de dólares al Fisco y al bolsillo de los chilenos desde 2007?

Entonces, cabe preguntarse ¿No hay que tocar la Ley de Pesca para mantener el orden de quién? ¿El orden de la UDI? Porque no debe extrañar que la UDI, el partido que trató como un héroe y un ejemplo a seguir a Jaime Orpis por renunciar a su militancia, fue el único partido que votó a favor de la Censura a la Cámara de Diputados por autorizar legislar la moción del diputado Hugo Gutiérrez para anular la Ley. La votación de esta censura se convirtió, además, en el triste record de la menos votada desde el regreso a la democracia.

Cabe preguntarse, también, si el orden al que llama Pizarro e Ignacio Walker con sus alaridos de Twitter, es el mismo orden al que llama El Mercurio, que en una editorial furibunda advierte que legislar en esta materia sería desatar una carrera olímpica por los peces, como si fuéramos salvajes; incrementando la ignorancia, cuando en realidad lo que se debería decir es que si se anula una Ley inmediatamente comienza a regir la anterior.

¿Será acaso, el orden al que apelan Pizarro y Walker, el mismo al que apela la Sociedad Nacional de Pesca Federación Gremial (Sonapesca), cuando esgrime en su semáforo rojo para el 2016 que su derecho a propiedad corre peligro con una moción parlamentaria que dejaría a Chile sin su imagen de “el país serio y confiable que nos ha caracterizado por décadas”? Uno podría seguir creyendo en el cuento del país serio y confiable si un caso de colusión fuera aislado, pero por favor, leamos los diarios.

Al final, si todo se tratara de cuidar una imagen institucional –porque hay que recalcar que todo el argumento de Pizarro y Walker se restringe a la imagen- ¿Para qué existen los diputados? ¿Para decir que sí a todo lo que indique un Gobierno en concordancia con el poder económico dominante? ¿Para, como durante el gobierno del también DC Eduardo Frei, decir que sí a la Privatización del Agua, que sumada al Código de Aguas de 1981, nos convirtió en uno de los pocos países del mundo en que los recursos hidrobiológicos son de la propiedad exclusiva de privados?

Cuándo el 89% de los chilenos cree que la Ley de Pesca es corrupta e ilegítima y apenas el 7% cree en la validez del Congreso, y a la vez el ex presidente del Senado dice que legislar para acabar con esa Ley es populista, queda inmediatamente claro el porqué de ese 7%. No están a la altura del despertar del cuestionamiento en la ciudadanía. Y no están a la altura porque no nos creen, simplemente. No creen que es absolutamente lícito querer terminar con una Ley a través de una moción institucional, cuando el también institucional Poder Judicial te dice en la cara que esa Ley es corrupta e ilegítima. ¿O no fue eso lo que nos dijo el desafuero de Jaime Orpis, por quien la Fiscalía pide 10 años de cárcel por recibir sueldo de Corpesca mientras votaba a favor de la Ley? Y Pizarro podría decir “pero si fue sólo un senador”; claro, un senador que articulaba todas las votaciones en la comisión de Pesca, a la par de Marta Isasi en la Cámara, otra que recibía sueldo de la misma empresa, que a la postre se convirtió en una de las siete grandes beneficiadas.

¿Sabrán los chilenos que los artículos que definieron la propiedad de las aguas se dirimieron por un voto? Si no lo saben lo intuyen, tanto como intuyen que es a lo menos sospechoso que uno de los apellidos metidos en el beneficio sea Angelini, uno de los apellidos que más lobby realiza en el Poder Legislativo. Sospechoso, como que a dos años del inicio de la Ley las familias pasaron de siete a nueve, con la presencia de Falabella y de un grupo japonés al medio.

¿Ese orden quiere proteger Jorge Pizarro? ¿No hay un segundo para escuchar a las Pymes y los artesanales, cuya necesidad de armonía es tan atendible como la de los grandes empresarios? “El industrial tiene que pagar un espacio por participar, no se pueden llevar gratis los pescados que son de todos los chilenos y esa renta debe ser para el beneficio de todo el país”, dijo esta semana el gerente general de Pymepes A.G., Alfredo Irarrázaval. “La Ley de Pesca es una ley corrupta e ilegítima. La única forma de que los chilenos volvamos a creer en el rol que cumple el Congreso, es que se admita el error de haberla aprobado y se apruebe una ley que vaya en beneficio de los pescadores y del país”, dijo el presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca, Condepp, Jorge Bustos. Pero ellos dan lo mismo. Lo que a Walker y Pizarro les importa es la imagen internacional.

Por último, hay un argumento constitucional que defender, porque aquí también se venció la idea de aferrarse a toda política conservadora afirmándose en la Constitución. Basta con leer el inciso primero del artículo octavo de las Bases de la Institucionalidad para entender que “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”. Lo contrario a lo probo; es decir, el “procedimiento” de aprobación de la Ley de Pesca, es nulo. Se puede leer en el mismo sitio del Senado, señor Pizarro, desde Valparaíso, Coquimbo o Londres.

¿Y que no existe la figura de la nulidad de una ley? Se insta a seguir leyendo, así se encontrarán con que el mayor constitucionalista que ha pasado por la Cámara, el profesor y diputado Juan Bustos, postuló la anulación de la Ley de Amnistía con el respaldo del Gobierno, que puso la iniciativa dos veces con urgencia.

¿Y por qué anular y no derogar? Porque si la Ley se deroga habría que indemnizar a Falabella, Angelini, Japón y compañía con los 10 mil millones de dólares que han ganado en dos años de pesca salvaje, una pesca que en esos mismos meses hizo pasar de dos a siete las especies en peligro de extinción; una pesca que termina alimentando chanchos con harina de pescado y que mantiene a Chile a nivel africano en consumo de pescado: 7 kilos per cápita al año, contra los doce de los países de la Ocde y los 17 que en promedio come Latinoamérica. Triste cifra, considerando que somos el octavo país que más pesca en el mundo.

¿Hay algún dato que agregar? Sí, que si no se anula la Ley, esta depredación durará 20 años más 20 renovables. Qué vergüenza Jorge Pizarro. Qué vergüenza tanto sector de la DC en un momento histórico de necesidad de cambios para Chile.




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