Sospechosos por ser pobres

por Javier Gallegos Gambino



Sobre Javier Gallegos Gambino

Por Javier Gallegos Gambino

Hace exactamente un año ingresó al Congreso el proyecto de ley de «agenda corta de seguridad» (o antidelincuencia), anunciado con bombos y platillos por la presidenta Michelle Bachelet, y que en términos generales perseguía asegurar el cumplimiento efectivo de las penas asignadas a aquellos delitos denominados de «alta connotación social» (robos, hurtos, receptaciones), además de ampliar las facultades del Ministerio Público y aumentar la dotación policial. En su mensaje (1167-362), la mandataria señalaba que «existe una necesidad ciudadana absolutamente transversal de que esta categoría de delitos debe ser intervenida con medidas que procuren impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de las penas y la consiguiente permanencia de quienes los cometen, sujetos a penas privativas de libertad».

Desde su presentación, hasta el día de hoy, el proyecto ha sido abierta y transversalmente criticado por parte de una serie de organizaciones encargadas de velar por el respeto y promoción de los derechos humanos de la ciudadanía en general (Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fundación Paz Ciudadana, Libertades Públicas, Leasur ONG, etc.), por considerar, entre otras cosas, que promueve un uso indiscriminado de la cárcel y un aumento de la persecución policial contra los sectores más pobres de la población. La misma Corte Suprema informó en septiembre de 2015 a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados que el proyecto era  “desproporcionado e ineficaz”[1].

Ahora bien, una de las cuestiones que ha tenido mayor trascendencia –en términos mediáticos- en la gestación de este proyecto ha sido la aprobación de la indicación que establece el denominado “control preventivo de identidad”. Conviene aclarar que nuestro Código Procesal Penal ya reconoce (en su artículo 85), desde su entrada en vigencia, la existencia de un “control de identidad”, que puede ser ejercido por Carabineros y la PDI en casos fundados, señalados expresamente en el mismo artículo (principalmente referidos a aquellas circunstancias en que la persona pudiera haber cometido o estar intentando cometer un delito, o que tuviera algún grado de conocimiento para entregar información al respecto). Sin perjuicio del énfasis que la misma ley otorga a los “casos fundados” en que se debe ejercer este control, es de público conocimiento que existen sistemáticas arbitrariedades en su aplicación, debido al amplio margen de discreción que se le otorga a las policías a la hora de determinar si se cumplen o no las circunstancias indicadas en la norma. En términos simples: el control de identidad ya es, en la práctica, preventivo, pues depende del criterio del funcionario policial, que en la gran mayoría de los casos es abusivo, indiscriminado y arbitrario.

Pero como nuestros representantes en el Congreso desconocen la realidad y parecieran hacer caso omiso a las recomendaciones de los expertos en el tema y a las estadísticas, insisten –desde su exacerbado populismo penal- en que el problema de la delincuencia tiene como única solución la elaboración de proyectos de ley que apliquen “mano dura” y “tolerancia cero”: más penas de cárcel para los delincuentes, menos puerta giratoria, más policías en las calles, menos limitaciones a su actuar. Así, desde ese lugar, el pasado 6 de mayo de 2015 la diputada Claudia Nogueira (UDI) y los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Daniel Farcas (PPD), Gonzalo Fuenzalida (RN), Marcela Sabat (UDI), Gabriel Silber (DC) y Arturo Squella (UDI) presentaron en la Comisión de Seguridad Ciudadana una indicación (aprobada por siete votos contra seis) en la que proponían incorporar un “artículo 85 bis” al Código Procesal Penal (actualmente contenido en el artículo 12 del proyecto de ley), que contenía expresamente la posibilidad de que las policías ejercieran un control preventivo de identidad, en los siguientes términos: “(…) en el ejercicio de su rol preventivo, las policías a través de su personal en servicio, podrán solicitar la identificación de cualquier persona para cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes”. Sin mayores cuestionamientos, por parte de ningún partido político ni del mismo gobierno, la polémica indicación antes señalada avanzó junto al proyecto hasta ser definitivamente aprobada el día 27 de enero del presente año por la Comisión de Constitución del Senado [por cuatro votos a favor, de Felipe Harboe (PPD), Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI) y Pedro Araya (Independiente); y uno en contra, de Alfonso de Urresti (PS)].

¿Qué implicancias tiene para la sociedad que la policía posea la facultad de controlar preventivamente la identidad de las personas? En primer lugar, una clara afectación al derecho a la libertad personal, a cuyo respeto y promoción nuestro país está obligado en relación a los estándares entregados por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que el Estado chileno ha suscrito; en segundo lugar, una vulneración al principio de presunción de inocencia, que orienta nuestro sistema procesal penal, en virtud del cual ninguna persona puede ser considerada culpable mientras así no lo considera una sentencia condenatoria firme; y, en tercer lugar, un peligroso acercamiento a la ya derogada detención por sospecha y, con ella, la vuelta a tiempos oscuros de nuestra historia en que la injusticia en los espacios públicos era la regla general. Y se acerca a la detención por sospecha porque en la indicación se considera que los procedimientos de identificación de los individuos “no deberán extenderse por más de cuatro horas”, es decir, hasta un máximo de cuatro horas tienen los policías para detener sin motivo aparente a las personas que según ellos deben someterse a este control preventivo.

La sospecha es sinónimo de discriminación. Es apuntar con el dedo a aquel que nos parece distinto. Es fijarse en el “loquito”, en el indigente. Es alejarse de ellos, o alejarlos a ellos. Es, para “la ciudadanía en búsqueda del control de los delitos de alta connotación social” (como lo han hecho ver los diputados y senadores en la discusión del proyecto) identificar al enemigo, a aquella persona que se debe excluir de la sociedad. Para las policías, la sospecha es el mandato de esa ciudadanía que pide a gritos más seguridad en las calles. Ese (supuesto) mandato es el que está a punto de convertirse en ley.  Porque claro, Carabineros no haría un control preventivo de la identidad del Choclo Délano paseando por la comuna de Lo Espejo; como sí lo haría con un “flayte” paseando por la comuna de Vitacura. ¿La diferencia entre uno y otro? El segundo es pobre, y por tanto sospechoso. No importa que el primero esté defraudando al FISCO en miles de millones de pesos: a los ojos de la policía, porque viste bien y tiene buena facha, su compromiso con el delito, por ser una persona “decente”, es mucho menor. Y todo esto basado en el exclusivo arbitrio del funcionario policial.

En consecuencia, y como si no tuviéramos bastantes manifestaciones de las desigualdades que azotan a nuestro país en todos los demás ámbitos posibles, la aprobación del proyecto de ley de agenda corta (junto a la indicación del control preventivo) no es sino otra de las muestras concretas de que este país está hecho por y para unos pocos; esos pocos que también roban, que nunca pierden, esos que no conformes con no ir a la cárcel por ningún motivo, además hacen lo posible porque los más pobres sí lo hagan. Es, este proyecto de ley, otra manifestación de la injusticia en la calle: porque las calles también son lugares de discriminación y opresión, porque las diferencias en su disfrute son el resultado de problemas estructurales de injusticia social, porque las desventajas que ciertos grupos sufren en distintas esferas sociales se expresan también en los espacios comunes de la ciudad[2].

 

[1] Informe disponible en http://www.pjud.cl/documents/396729/0/PROYECTO+LEY+HURTO+Y+OTROS.pdf/70228597-fe67-47d0-88cb-b2cb0f0abce3

[2] IRARRÁZABAL, Paz. “Igualdad en las calles en Chile: el caso del control de identidad”. Polít. crim. Vol. 10, Nº 19 (Julio 2015), Art. 8, pp. 234-265. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_10/n_19/Vol10N19A8.pdf]




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