Un país hecho de chinches

por Richard Sandoval



Sobre Richard Sandoval

Director en @noesnalaferia y conductor en @RNuevoMundo y @subelaradio. Autor de libros Soy Periférico y Colo Colo ya no es de Chile. Periodista @uchile

Por Richard Sandoval

Los presos tienen que morir. Se tienen que morir todos, miserables como ratas en celdas para bestias. Hacinados, hambrientos, quemados, infectados. Y que cada vez mueran más. Que las cárceles exploten, con todos los presos muertos adentro, para luego retirar sus cuerpos y volver a colapsar los edificios con más condenados a muerte, sin hacer absolutamente nada para que la delincuencia, para que los “delincuentes”, dejen de existir. Esa atrocidad, esa inexistencia de dignidad y de vida, está ocurriendo en Chile y es permitida, fomentada y validada por el Estado y los sucesivos gobiernos de este país. No en una dictadura de un país africano, no en las terribles mentes del Estado Islámico ni de otra aberración exótica. En Chile, un país en el que no existe la pena de muerte gringa que tanto nos acongoja el corazón, están matando a miles de presos de todas las edades en las cárceles. Según el informe del Poder Judicial conocido esta semana y que los diarios internacionales dieron a conocer con títulos como “Con parásitos, comiendo con la mano y durmiendo uno sobre otro: así viven los presos en Chile”, este país está potencialmente asesinando en masa a compatriotas sin ningún juicio público, sin ningún miramiento por nadie, y sin ningún pudor. En la más absoluta impunidad, Chile mata diariamente con más dureza incluso que en los tiempos del Chacal de Nahueltoro. Eso es lo que dice el informe cuando cuenta que en la cárcel de Til Til, hacinada con más de cien menores de edad, no hay agua potable, porque no les da abasto el pozo de Punta Peuco del que dependen para subsistir. Y para cuando esos presos salgan, continúa insinuando el informe, que sigan siendo delincuentes, que sigan reproduciendo su condición de integrantes del gueto de la miseria. Si no, no se entiende que en Santiago 1, la cárcel concesionada que en 2007 se inauguró prometiendo “no más hacinamiento y una real reinserción social”, los reclusos pasen horas y horas sin comer, para luego recibir un pan “casi congelado” y un plato de comida fría que se deben servir con las manos. Si no, no se entiende que en la misma Santiago 1 no separen a los presos por tipos de delitos y mezclen a un vendedor ambulante de la Plaza de Armas con un violador implacable.

Chile quiere que los imputados sean condenados en una cárcel antes que un juez lo diga con su sentencia, quiere condenarlos a la eternidad de la delincuencia para después matarlos en otra cárcel. Que se mueran en Colina 2, por ejemplo, con baños turcos en piezas de castigo sin luz natural, con catorce personas metidas en ocho metros cuadrados, donde mientras unos cagan otros se sirven la cena. Chile quiere que se mueran, porque si no, en la oficina del alcaide no celebrarían como una gran gracia que, pese al hacinamiento, el semestre pasado sólo registraron dos muertos por riñas.

Las autoridades de Chile quieren que también se mueran todos los de Colina 1, donde se cena a las 15:30 horas y de ahí a pasar hambre hasta e otro día porque ya no habrán más comidas. Y si alguien se desvanece que lo ayude Dios, porque el recinto no cuenta con médico permanente. Y para qué hablar de camas, si el equipo que elaboró el informe vio a los presos durmiendo amontonados, unos sobre otros, en colchones llenos de chinches e insectos que no se pueden catalogar, con nula ventilación y sin luz natural. ¿Así quieren combatir la delincuencia? ¿Con cárceles con cañerías rotas, agua corriendo por los pasillos e instalaciones eléctricas en mal estado, constituyéndose en un peligro permanente de incendio? ¿Así quieren que el pueblo les crea cuando se consternan por los 81 muertos de la cárcel de San Miguel?

Este país está loco. Brama por más y más cárcel, por menos puertas giratorias y por la lapidación de los autores de portonazos creyendo que esa es la solución al problema, en la ignorancia de que Chile es el país de Latinoamérica con más presos cada 100 mil habitantes, record que entre los países de la Ocde sólo es superado por Estados Unidos. Son 266 los chilenos que viven tras las rejas por cada 100 mil atemorizados por medios infames. 266 condenados a la impericia del Ministerio de Justicia y de Gendarmería, quienes no notifican beneficios internos, no tramitan a tiempo reducciones de condena ni interceden con centros de salud cuando los presos piden tratamientos sicológicos, operaciones quirúrgicas o tratamientos por VIH. 266 que se encontrarán con centros carcelarios donde, aparte de vivir entre los bichos, no se planifican los trabajos internos de rehabilitación, quedando al desamparo de la autogestión y de los materiales que puedan llevar los familiares. 266 que quedarán al cuidado gendarmes que hacen su labor en casetas con basura amontonada, en cárceles como Santiago 1, donde al momento de la visita de la comisión no había ni luz ni agua, obligando a los internos a colgarse de fuentes de energía, con agua al interior de las celdas. 266 que serán vigilados por gendarmes con linterna en áreas de seguridad que, por la falta de luz, se convierten en callejones oscuros. 266 que en la Cárcel de Alta Seguridad no contarán con una red húmeda que los salve en caso de incendio, ni con ambulancia y ni siquiera un teléfono de emergencia.

Lo que esta semana dijo el informe de la Corte de Apelaciones de Santiago es que los presos en Chile viven en un permanente estado de catástrofe. La verdad oficial hoy es que Chile no se hace cargo de sus presos y; al contrario, refuerza el vigor del delito con cárceles abandonadas al criterio de la muerte, a la espera de que los reos se maten entre sí, se ahoguen o se quemen, y jamás se reinserten.

El informe firmado por la secretaria Gigliota Devoto afirma que la vida de los presos en Chile “no es compatible con la dignidad humana”. Son palabras que desarman, que provocan ganas de dejarlo todo y ya no creer en nada. Pero más que la desilusión, se debe reforzar la convicción de que vivimos en un país que no respeta los derechos humanos y que no se apega a ningún parámetro internacional para combatir el crimen. Se debe reforzar la convicción de saber que cuando un Estado responde a la sensación de temor en el barrio alto con una agenda corta antidelincuencia -que permite que delitos contra la propiedad tengan penas más altas que algunos delitos contra la vida-, estamos siendo manejados por autoridades que están absolutamente locas. Autoridades que sólo reafirman que más allá de las palabras, lo único que quieren es que los marginales mueran. Y cuando hablamos de los marginales no hablamos de los que ya están presos. Hablamos de toda una población aturdida por la desigualdad y la pobreza encubierta de consumo y competencia. Chile, este país hecho de chinches, no está matando sólo a los presos, nos está matando a todos.




3 comentarios sobre “Un país hecho de chinches”