El legado profundo del 11 de septiembre

por Alejandro Basulto



Sobre Alejandro Basulto

Por Alejandro Basulto

El Golpe del 11 de septiembre de 1973 no solo significó la victoria de una clase dominante rancia que estaba vendida a los intereses extranjeros. Y tampoco no solo significó un régimen sanguinario que acabó con la vida de miles de compatriotas. Sino que también significó la imposición de un legado económico, político y sociocultural que –gracias a la complicidad de la Concertación y de la clase política en general – aún nos tortura y hasta nos mata.

Por eso, a pesar de que esté tan claro como el agua que el Golpe fue solamente la guinda de la torta de una preparación de repostería perversa, de carácter sedicioso y anti-democrático, que constató en el financiamiento de una fuerza de inteligencia extranjera a todos los medios, políticos y gremios opositores, además de atentados y asesinatos perpetuados contra generales y personas leales al gobierno legítimamente electo (lo que la CIA hoy mismo lo admite y lo desclasifica en sus archivos); y también, a pesar de que uno siempre lleve consigo – en la memoria (uno puede perdonar, pero nunca olvidar) – las historias de los niños, jóvenes, mujeres y otras víctimas de la sanguinaria política de Estado de la dictadura (28.259 presos políticos y torturados, 2.298 ejecutados y 1.209 detenidos desaparecidos), a pesar de todo eso y con todo el dolor que le embarga a uno en estas fechas, les prefiero hoy narrar sobre el legado estructural y sistemático que nos dejó la dictadura, que hoy aún vemos (y vivimos).

Partamos por su legado político, que se resume en algo bien simple: una política debilitada y corrompida. Una Constitución impuesta por las armas. Un sistema político donde las mayorías, la voluntad del gran pueblo chileno, siempre ha sido silenciada por unos pocos (sea a través del sistema binominal, el Tribunal Constitucional o por el cohecho). Y todo esto conllevó a la inoperancia del sector político, el cual una y otra vez ha mostrado no trabajar para la ciudadanía, sino que para los intereses de los poderosos, o de ellos mismos. Y todo esto se ha visto en: la Ley de Pesca (que benefició a tan solo unas 9 familias); la deforestación de bosques ancestrales en Wallmapu con subsidios estatales (desde la dictadura le pagamos a las industrias forestales de Angelini); el perdonazo a La Polar y a tanto que otro empresario corrupto, el fin de la cárcel para la colusión con Lagos; y sin olvidar también los casos Caval, Penta y SQM que son reflejo de lo podrida que está hoy la política – transversalmente, pero no universalmente – en Chile.

Pero esto no es un llamado a alejarnos de la política o a debilitarla aún más. Porque eso es lo que quieren los mismos que hoy tienen a la mitad de los trabajadores de este país con sueldos que no sobrepasan los $305.000 (esto según la Encuesta NESI). Los mismos que aplauden los allanamientos en el sur al pueblo mapuche, fiel demostración de lo que es el terrorismo de Estado, donde entre todo ese escenario cruel y sanguinario, uno puede ver los rostros de los niños y ancianos llorando o simplemente heridos por una fuerza policial que actúa según le dicta un Estado raptado por los intereses oligárquicos. No, estimados lectores, no tenemos que marginarnos.

El que haya durado tanto tiempo el sistema binominal o el que hayan eliminado la educación cívica, no es algo casual, sino que toda esta despolitización de la ciudadanía y esta política de consensos entre políticos (como también con privados), ha sido algo planificado para perpetuar el status quo y la riqueza de unos pocos a costa de muchos. Lo que antes podían silenciar o detener con ruidos de sables y un ex dictador como senador vitalicio, hoy lo hacen con el poder económico y el poder mal empleado de una clase política en decadencia. Todo sigue igual, pero ahora al menos, si nos informamos, tenemos las herramientas democráticas para realizar los cambios por los que tanto tiempo hemos esperado.

Cambios que se piden y pueden ver en lo más contingente hoy: las AFP (otro legado dictatorial por cierto). Mucho ya se hablado y se supone que uno debe dar por entendido que gran parte de quienes leen esto tienen claro que durante la tiranía de Pinochet, quienes fueron colaboradores del régimen, muchos de ellos también fueron los directores de las AFP (ex ministros de la dictadura como Luis Larraín y Miguel Schweitzer por ejemplo). También estará de más recordar que muchos de los hoy jubilados, tienen pensiones indignas y míseras: $191.331 fue la pensión por vejez promedio en el 2015 (de las más bajas de la OCDE), según datos dados por la Superintendencia de Pensiones. O también muchos sabrán que este sistema de capitalización individual (esto nunca fue seguridad social), ha sido replicado en tan solo 9 países, entre ellos, naciones “tan exitosas económica y socialmente” como: Kosovo, Malawi, Nigeria, Republica Dominicana, etc. Pero uno también se preguntará: ¿por qué esto no se ha cambiado? Y la respuesta es simple: Miembros de la Concertación y de Chile Vamos han formado parte de los directorios de las AFP, por lo tanto, esto significa que – tal como ya se advirtió antes – hablamos de un claro y dañino nexo entre los intereses de ciertos privados y los encargados de reformar y hacer mover la gran máquina llamada Estado.

La educación es otro tema que últimamente siempre está como pan caliente: muchos quieren comerlo y sacar provechos políticos/económicos de él, pero también son muchos los que se queman al intentarlo. Y esto porque la ciudadanía ya está despertando. Ya indigna que un privado lucre a costa del estudiante y del Estado. Ya es repudiado que en vez de re-invertir en educación las ganancias otorgadas por los aranceles y el subsidio estatal, se las lleven para su bolsillos y sus “otros negocios”. Y esto se ve por ejemplo con Lauréate: empresarios que transparentaron sus intereses mercantiles en la educación y hoy son justamente criticados.

Y todo esto empezó en la dictadura. Cuando se dio paso a la desmunicipalización, privatización y debilitamiento de la educación pública. Conllevando que Chile sea el país latinoamericano con menos matrícula en la educación pública, con tan solo un 38% de la oferta estudiantil (siendo el promedio internacional un 82%). Y esto, a la vez conlleva a que seamos el tercer país con mayor segregación escolar en la OCDE, según la prueba Pisa y la UNICEF (obra también en parte por cierto, de la selección, el cobro y el lucro en la educación privada subvencionada). Y claro, algunos hablarán de nuestros buenos resultados en la Prueba Pisa en comparación al resto de nuestro continente, pero dado a la lamentable desigualdad y segregación escolar de este país, consideraré pertinente parafrasear – con respeto – al anti-poeta Nicanor Parra: Tú tienes una educación de 10 y yo una de 5, el promedio: Uno bastante bueno, pero no quita que una gran parte siga recibiendo una educación de 5 o menor. Esa es nuestra realidad educacional.

Y la educación superior no se salva. Porque durante la dictadura se dio rienda suelta a la participación del privado en las universidades e institutos técnicos, “prohibiendo” al menos en papel el lucro. Prohibición que solo es en teoría, pareciera. Ya que sin las herramientas necesarias, sin la transparencia obligatoria de las universidades, sin un aparato público fiscalizador del nivel pertinente y sin un castigo penal que disuada lo no-legal, ¿cómo estamos tan seguros de que las universidades privadas en este país no lucran? Y ni hablar de los altos costes de los aranceles y matrículas, ni de la falta de democracia universitaria y de las malas condiciones laborales, que son unos entre tantos otros flagelos estudiantiles. Si las movilizaciones estudiantiles no nacieron de la mañosería, sino de la necesidad y de la empatía.

¡Y la delincuencia! Tan mediática en este último tiempo. Todos lo sabemos: La dictadura como máximo símbolo gubernamental de lo autoritario, se hizo conocida por su “mano dura”. ¿Pero cuáles fueron sus resultados? La delincuencia se disparó: se duplicó entre 1981 y 1986, producto justamente de las políticas económicas y sociales llevadas durante el sanguinario gobierno cívico-militar (según data el mismo INE y un estudio realizado por el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile). Y es que claro, ya que aun aunque utilices la peor y más cruel barbarie para amedrantar al delincuente, si no corriges los factores criminógenos (marginación social, ausencia de referentes positivos, maltrato, abandono, narcotráfico, mala educación, etc.), la delincuencia no disminuirá. Y eso se ve hoy en día, cuando reina más el dañino e inútil populismo penal, que buscar y mejorar las medias de prevención y reinserción social.

Y la actual Ley de Extranjería y Migraciones, restrictiva y autoritaria como pocas – basada por cierto en la doctrina de Seguridad Nacional – es también de 1975. Y por eso que en vez de tal como sucede en países del primer mundo, como Noruega y Suecia, donde el inmigrante llega se educa, trabaja y aporta al país, aquí al extranjero le cuesta un parto entrar, y si lo hace, verá a muchos de sus derechos como ser humano vulnerados. ¿Cómo les exigimos que sean un aporte a quienes les condenamos a la marginación social y a la miseria? Lo de Antofagasta no es más que el producto de una política exterior que ve al inmigrante pobre como un enemigo público. Y antes que salte la xenofobia y el nacionalismo recalcitrante de muchos, les cuento que el porcentaje de migrantes representa solo el 2,7% de la población de este país (el promedio internacional es 3,1% y el de la OCDE es 10%); los inmigrantes desempeñan los trabajos que los chilenos no quieren emplear; los inmigrantes llegan con educación (su promedio de años de escolaridad es 12,6 años, el nuestro es de 10,7); no vienen a delinquir, sino que hasta muchos son víctimas (tiene un 54% de victimización y de todos los defendidos por la Defensoría Penal Pública como imputados, solo el 1,6% han sido extranjeros); y todo esto según datos entregados por el departamento de Extranjería del Ministerio de Interior.

Y el legado estructural es de lo más amplio y nefasto que hay: la alta desigualdad y segregación social en general (en cuanto a la vivienda, el tema de la “periferia” fue obra mayoritaria de la dictadura); los 10 millones de endeudados y los 3 millones de morosos; el desastroso y criticado SENAME, que fue creado en 1979 bajo una lógica mercantil y de Estado Subsidiario (subsidio a la demanda por competencia de la entidad cuidadora, privatización del servicio, malas condiciones laborales y carencia de fondos estatales); la educación pública no laica y por lo tanto adoctrinadora (gracias al decreto 924, impuesto en 1983); la privatización del agua, de lo que hoy vemos terribles efectos en los pueblos afectados por las mineras privadas; la mala gestión en salud (ir al médico y como también medicarte de manera digna, es casi un privilegio gracias a la privatización de este derecho y servicio); la subcontratación como obra ejemplar de la vulneración a los derechos y dignidad laboral; y así muchas aristas más de un legado, de un modelo, que se hace agua.

Por último, una herencia dictatorial que es palpable día a día es: el legado sociocultural (que tristemente es hegemónico, sistemático y transversal), que se expresa en una sociedad en la que el consumir y el competir está por sobre el compartir y solidarizar, donde el capital y la propiedad privada está por sobre lo humano, permitiendo así que en vez de unirnos contra las injusticias, miserias y desigualdades que afectan a miles y millones de compatriotas, peleemos y seamos indiferentes entre nosotros. Lo sociocultural fue el broche de oro de todo este legado bañado en sangre. La cadena que lo amarra y lo asegura. Y despertarnos, desencadenarnos, sacarnos con rabia y convicción este broche, no es una opción, es un deber.



Deja un comentario