Elecciones municipales y ciudadanos privados de libertad

por Alex Choquemamani



Sobre Alex Choquemamani

Por Alex Choquemamani Ccalli
Abogado de Leasur

Una reciente Encuesta CADEM señala que menos del 50% del electorado piensa participar en estos comicios electorales. Las razones de esta posible baja participación, son diversas: rechazo al sistema político (30%), no conoce al candidato o no se siente representado por él (20%), no le interesa el tema de las elecciones (17%). Ante este desolador panorama, la Presidenta y sus ministros han llamado a votar a los ciudadanos y ciudadanas del país, a fin que las elecciones municipales sean representativas.

Pero el llamado del gobierno no ha llegado a todos los ámbitos de la ciudadanía, como es el caso de las cárceles del país, en las que se encuentran miles de personas sin condena (según Gendarmería: 14.079). Este grupo de personas también son ciudadanos y ciudadanas hasta que los tribunales de justicia no les impongan una pena aflictiva. Desde otro punto de vista, el voto de este sector de la ciudadanía forma parte también de la voluntad general del pueblo, por lo que excluirlos significaría un acto discriminatorio que resta autenticidad y legitimidad a un proceso electoral.

En ninguna parte del ordenamiento jurídico chileno existe una prohibición que disponga que los imputados (personas sin condena) no pueden ejercer su derecho al voto. Sin embargo, existe una discriminación de hecho en vista que las instituciones del Estado –Servicio Electoral y Gendarmería- no han implementado medidas que hagan posible el ejercicio de aquel derecho. Por ejemplo, no hay un registro electoral de privados de libertad sin condena, ni mecanismos para que la población penal participe en los procesos electorales.

Por otro lado, los partidos políticos no van a las cárceles a hacer campaña, lo que revela la poca imaginación a la hora de captar votos. Ellos no se atreven a plantear una discusión política sobre el problema carcelario del país, acompañada de propuestas. Pareciera más bien que la mayoría de políticos se inclina por implementar políticas de “mano dura” (¿tal vez porque da más votos?).

Más allá de la indiferencia de los políticos hacia la problemática carcelaria, resulta llamativo que ese desinterés provenga desde aquellas instituciones estatales llamadas a proteger los derechos fundamentales de las personas. Y como la cárcel está compuesta por una población heterogénea, donde hay mujeres, ancianos, indígenas, personas con discapacidad, etcétera, las instituciones que supuestamente deberían proteger a estos grupos de personas –por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer- hoy brillan por su ausencia. Lo que revela una falta de compromiso realmente democrático e inclusivo.

En otros países del mundo la accesibilidad al voto para personas sin condena es una realidad (Argentina, por ejemplo). Es mas, en algunos países el reconocimiento de este derecho comprende a personas condenadas (Canadá y Reino Unido). Desde luego que para llegar a ésa situación tuvieron que entablarse muchas luchas en diferentes escenarios, especialmente en la esfera judicial.

Experiencias como las señaladas en Chile son inexistentes. Y cualquier intento que busque cambiar la situación de abandono de las personas privadas de libertad con derecho a voto, es percibido como algo negativo e, incluso, genera un rechazo por parte de algunos poderes del Estado. Una experiencia reciente lo demuestra.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dispuso mediante resolución fundamentada de fecha 30 de septiembre, que el Servicio Electoral adopte todas las medidas necesarias para que un grupo de personas sujetas a prisión preventiva puedan ejercer su derecho a votar en los comicios electorales del 23 de octubre. Sin embargo, a los pocos días una decisión de una instancia superior de la Corte de Apelaciones de Santiago (Tribunal Pleno), el día 11 de octubre, dejó sin efecto la resolución aludida. A juicio del Tribunal Pleno, el juez se excedió de sus competencias al ordenar al Servicio Electoral a que haga accesible el derecho al voto de un grupo de ciudadanos privados de libertad.

Más allá del procedimiento utilizado por la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto la resolución judicial del Séptimo Juzgado de Garantía, el presente caso marca un retroceso en materia de derechos humanos en el ámbito penitenciario. Puede ser que un juez no tenga la facultad expresa para ordenar a otro órgano del Estado (Servicio Electoral) el ejecutar un conjunto de medidas que permitan el ejercicio del derecho al sufragio a un grupo de personas, pero eso no significa que por ese motivo no pueda crear derecho para el caso concreto. Dicho de otro modo, si la ley es insuficiente, ello no es óbice para no administrar justicia. El juez puede resolver el caso apoyándose en otras fuentes del derecho (tratados internacionales, principios generales del derecho, doctrina, jurisprudencia). Por otro lado, exigirle a un juez que resuelva un caso sólo cuando exista una ley previa, equivale a decirle que adopte una posición legalista, y que reduzca su rol a ser “la boca de la ley”. Y en materia de derechos humanos ése tipo de razonamiento decimonónico trae consigo graves consecuencias: abusos de poder producto de la falta de una tutela judicial efectiva. (No hace falta citar experiencias pasadas para corroborar esta afirmación).

Posiblemente hoy se cumplan los vaticinios que nos tienen acostumbrados las encuestadoras. Pero ya sabemos que una razón de la baja participación electoral será porque la democracia aún no derriba las estructuras autoritarias de la cárcel.



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