La Salud Pública chilena nos está matando

por Richard Sandoval



Sobre Richard Sandoval

Director en @noesnalaferia y conductor en @RNuevoMundo y @subelaradio. Autor de libros Soy Periférico y Colo Colo ya no es de Chile. Periodista @uchile

¿Cómo puede no impactar, no paralizar el país, que tres mil chilenos y chilenas mueran al año esperando una cama para hospitalizarse? ¡Tres mil! No diez ni quince, tres mil chilenos, cotizantes, disciplinados afiliados al sistema público de salud -no fallando nunca sacando el 7% de su sueldo para el Estado- que tuvieron que dejar a familias encalilladas, a hijos criándose solos y a sus sueños detenidos en la injusticia de una lista de espera, por no encontrar una mísera cama en un hospital, un colchón con sábanas blancas conectado a cables fabricados para salvar vidas. Tres mil chilenos pobres que no pudieron conseguir la plata, el crédito, los contactos ni los amigos para ir a salvarse a una clínica privada. Es dramático, es chileno, es mortal.

Lo más terrible del estudio realizado por la académica de la Universidad de Chile, Soledad Martínez, es que la realidad de los 2913 chilenos muertos en 2013 esperando una cama –casi mil muertos más que los 2050 contabilizados el 2010- no es sólo la realidad de los pobres de estereotipo, desposeídos, que contemplamos viviendo bajo puentes o pidiendo limosna en estaciones de Metro. No es una realidad imaginaria. Es la realidad latente de una muerte que por ser Fonasa nos puede tocar a todos, mañana, este fin de semana, tras quedar heridos en un accidente y ser traladados a una estática camilla de una urgencia atestada de guaguas y viejos que jadean enfermedades en los pasillos. Los tres mil fallecidos al año por falta de camas para hospitalizarse es una amenaza de muerte del Estado ceñida sobre los caminos de todos los que no tengamos los millones para pasar un par de semanas en la clínica Dávila o Las Condes. Es una amenaza que, por su crueldad, sólo esconde las otras decenas de amenazas de un país que se cree Ocde y que asesina silenciosamente los destinos de cientos de miles de enfermos que ven avanzar cánceres y patologías crónicas sentados en el sofá de la casa, esperando, esperando y siempre esperando el llamado de un sistema que no garantiza derechos.

¿Cómo puede no impactar que el 40% de las familias de enfermos crónicos y catastróficos en Chile, estén en bancarrota, eligiendo semana a semana entre comprar medicamentos o hacer la compra del supermercado? ¿Cómo puede no detener el curso de un país, el que los enfermos de lupus tengan que encargar remedios a Francia, porque salen ocho veces más baratos que en su propia Patria, y que además esas pastillas no puedan entrar porque hay que esperar que termine el legítimo paro de los funcionarios públicos en Aduanas? ¿No es acaso una humillación alevosa de una nación que tiene como “principal escollo de desarrollo” el no estar creciendo al 5%?

En Chile menos del 18% de la población tiene isapre, pero el sistema privado recibe el 56% de los recursos que la totalidad de los trabajadores aportan para financiar su salud. En Chile la salud no es solidaria, es un egoísta bien de consumo, que por la venia de todo un sistema político que hoy se pregunta por qué la gente ya no está acudiendo a las urnas, tiene a un millón y medio de ciudadanos esperando que un doctor lo atienda, mendigando a comadres y compadres que por favor les compren un bono, mientras se consiguen la platita extra que los ubique frente a un profesional de delantal blanco que te trata casi como un cacho que tras dos o tres preguntas se debe despachar en no más de quince minutos, para seguir ganando plata en un centro médico bonito. Porque el perfil profesional de los médicos también es el problema, sino no existirían las asociaciones de anestesistas y oftalmólogos que, con los especialistas unidos detrás de una entidad privada, se venden por precios hasta cinco veces más caros al sistema público, cobrando 250 mil pesos por operación de cataratas en vez de venderse por turnos largos de 400 mil pesos en que pueden realizar hasta ocho operaciones.

En 2014, en Chile había 250 mil personas en lista de espera para operarse, dependiendo de un círculo vicioso sin trabas legales que concentra a los especialistas en las clínicas privadas, las que a la vez reciben cada vez más plata de un Estado que se ve obligado a pagar camas privadas para dar abasto a las coberturas AUGE; política pública que mientras intenta avanzar a cierta noción de derecho garantizado tortura la siquis y la economía de enfermos que ven pasar los años y no encuentran sus dolencias entre los anuncios presidenciales de cobertura.

Esta es la salud pública de Chile, destartalada y asesina. Esta es la salud pública de la orgullosa Patria que obliga a los niños con cáncer de Punta Arenas a trasladarse a Valdivia o a Santiago cuando el único oncólogo infantil de la región renuncia. Esta es la estructura de una salud pública que hay que derribar con un nuevo movimiento social que ya se comienza a impulsar, con medidas como el primer Festival por el Derecho a la Salud, a realizarse este domingo 30 de octubre de 10 a 20 horas en el anfiteatro del Parque Bustamante, con conversatorios y música en vivo. Que desde allí se levanten todas las voces. Para que no nos sigan matando. Porque la Salud Pública chilena nos está matando.




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