11 delirios de Marcela Aranda y sus réditos para la derecha

por Leonardo Jofré Ríos



Sobre Leonardo Jofré Ríos

El fenómeno religioso debe ser entendido no sólo desde su dimensión espiritual, que ha sido parte inseparable de la historia humana. Es, también, necesario reconocerlo desde una faceta distinta, pero inexorable para el entendimiento de sus implicancias: la religión es también un aparato ideológico, de esos que nos enseñan qué pensar, cómo vivir, qué hacer y que dejar de hacer.

Si comprendemos dicha situación, el desdén progresista a una religiosidad que tiene más raigambre popular que de corte privilegiada, resulta del todo nocivo para las pretensiones de poner la libertad -esa real, de autodeterminación y no de impedimento de acción- como un valor humano fundamental. No es sólo la crítica epistemológica a un mundo o saber ulterior, sino la empatía con aquel clamor que proviene desde las clases explotadas y oprimidas que encuentran un ideario de permanencia terrenal y salvación divina en el fenómeno religioso.

Ya lo dijo Marx hace casi dos siglos atrás: la religión es el opio del pueblo. Pero quienes lo repiten a rajatabla, ignoran el contexto de aquella expresión dentro de la Ideología Alemana (lo cual, reconozcámoslo, es plenamente debatible), que no dice sólo relación con la subyugación del religioso a las condiciones del mundo, considerándolas inmutables y pasajeras frente al ideal de vida después de la muerte, sino también al vacío que ocupa la religión en la vida social: “es el corazón de un mundo sin corazón”, señalaba también el autor.

Una religiosidad jerárquica y autoritaria, que centra la reflexión en el disipar el discurso aprehendido y no en la discusión bíblica o teológica, es el pan de cada día en diferentes poblaciones del país. En ello, la población evangélica, más militante que la católica, ha sido la principal receptora del citado modelo. No es de extrañar, entonces, la utilización política de esta misma población: fueron decidores sus votos en el no al acuerdo de paz en Colombia, y a la destitución de Dilma Rusself en Brasil. En Chile, Evelyn Matthei (UDI) transitó a dicha religión en plena campaña presidencial, adhiriéndose también a ella el senador Iván Moreira (UDI), para -en estas elecciones- Franco Parisi, negando sus propias posiciones anteriores, se transformara en el “candidato evangélico” (uno de los tantos) para dirigir el país. Ahora es el turno de Chile: la campaña presidencial. En ese sitial, de jerarquía y abuso del poblador con menos educación, que se necesitan oradores que puedan transferir discursos. Marcela Aranda, vocera del “Bus de la Libertad”, sabe de ello.

Asesora de tres senadores de la derecha (Ossandón, Chahuán y Ena Von Baer) como también del gobierno de Sebastián Piñera, evangélica y directora del “Observatorio Legislativo Cristiano”, ha iniciado una campaña militante en iglesias y medios de comunicación para combatir la “ideología de género”. Un discurso conservador que llama a preferir el “modelo de Dios para la familia”, el mismo que -desde la ignorancia y también la mala intención- profieren los representantes de la derecha. El esquema es sencillo: al defender esos valores debe preferirse también, electoralmente, a quienes lo sostienen. Obviamente, sin expresar aquella relación directa, pues debe subentenderse el mensaje.

El problema es que no es un juego limpio. Cualquiera podría afrontar, desde la posibilidad misma del debate, una posición contraria a la suya. Pero acá se cae, reiteradamente, en supuestos indemostrables, tergiversación y alevosía, que hacen imposible una confrontación lógica.

De dicha manera, Marcela Aranda (como se puede corroborar en la nota de The Clinic de 11 de julio, donde se consignan videos de sus presentaciones, y también en su entrevista en Radio Agricultura de finales del pasado año) ha expresado que:

1. Existen “más de 70 (antes 60) proyectos de ley” que pretenden cambiarle el cariz moral a nuestra patria a partir de la destrucción de la familia y la imposición del “lobby gay”. Ello a través de un complot de la OEA, la ONU, la CEPAL, el MERCOSUR y la Fundación Rockefeller, todos funcionando bajo “el espíritu anticristo”. No obstante, expresa una serie de tergiversaciones sin respaldo constitucional, legal, ni menos de algún boletín de proyecto de ley que establezca alguna de sus consideraciones. Es usual, frente a la crítica, que se blinde mediante la idea de que son “situaciones encubiertas” a las cuales no tendremos acceso, por ser parte de un lobby que es imposible ver a nuestros ojos. Ejecuta, así, posiciones sin sustento, basándose en la supuesta ignorancia en la que todos y todas estamos, haciendo imposible un debate racional.

2. Señala que el proyecto de identidad de género (Rol 8924-07) otorgaba a los niños y niñas la posibilidad decidir por sí mismos su género a través del cambio de sexo pasando por encima de los padres. En la realidad, la ley planteaba que el cambio de sexo es únicamente registral (no de órganos sexuales, es decir, sólo en el Registro Civil) y que antes de los 14 años se requería autorización de ambos padres. Si había disenso, se judicializaba. La única edad donde había prescindencia de los progenitores era tras cumplirse los 18 años, existiendo -actualmente, y de forma inadecuada- la posibilidad de oposición por parte de un tercero.

3.- Señala que aquella batería de leyes pretende imponerse por sobre nuestra Constitución, modificándola en contra de los derechos de los padres y madres. Aquello es legalmente improcedente: la Constitución Política de la República es el cuerpo jurídico de mayor rango en nuestro sistema legal, por ende toda ley -de cualquier tipo- debe ser acorde a ella, de lo contrario se declara inconstitucional. Esto puede ser mientras se tramita la ley (control preventivo) o con posterioridad a su publicación, mediante la acción de inaplicabilidad por inconstitucional que conoce el Tribunal Constitucional (control represivo).

4.- Señala que busca que entre los 0 y los 4 años debe enseñarse a los niños y niñas a masturbarse abriendo la puerta a que sea hecho por un externo. Para esto, se ha basado en el manual de educación sexual que se entregó en la comuna de Santiago: aquél era para enseñanza media y se forjó tras las preguntas de los mismos estudiantes. Por otro lado, éste no tiene un rango legal ni reglamentario, es decir, no puede obligar a ningún ciudadano. Por supuesto, jamás hubo en él referencia alguna a lo que señala Aranda, que carece de toda lógica.

5.- Manifiesta que se arrancará la tutela de los padres que se opongan a realizar aquellas conductas, haciéndose cargo el Estado de ellos. Esto a través del proyecto del Sistema de garantías de los derechos de la niñez (Mensaje 950-363). Ello, nuevamente, no es cierto: el artículo 2 de dicho proyecto señala que “la responsabilidad por el cuidado, asistencia, protección, desarrollo, orientación y educación corresponde preferentemente a los padres del niño”. A su vez, el proyecto devela como fundamento -y expresión entre sus distintos preceptos legales- el reconocimiento y respeto de las relaciones y funciones de la familia, esto como núcleo básico de protección de los derechos del niño y niña. Aranda ha señalado que decir “responsabilidad” en vez de “derecho” es sinónimo de arrebatar éste último. Ello no sólo no es, nuevamente, lógicamente procedente, sino que ignora un sistema jurídico completo: el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos tiene rango constitucional (art. 19 N°10) y se encuentra tutelado por distintos tratados internacionales que Chile ha suscrito, incluso desde la Libertad de Enseñanza (Declaración Universal de DD.HH., art. 26.3; Convención de los Derechos del Niño, art. 5).

6.- Defiende férreamente que se intenta desmembrar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El Estado debe garantizar la educación no sólo la educación formal (es decir, los contenidos por niveles de enseñanza), sino también informal (como reconoce el art. 2 de la Ley General de Educación), esto es la capacidad de preparar al ser humano para la convivencia social. Ello no se opone a la educación familiar: lo que pretende Aranda, tras años de la existencia de un currículum obligatorio mínimo, es no permitir que se eduque en torno a los derechos humanos universales, especialmente en base al derecho a la igualdad, el deber de enseñar el respeto mutuo y la dignidad humana en lo que corresponde a la población LGTBIQ. Ambas ideas deben y siempre han convivido.

7.- Ha señalado que es un error por parte de los cristianos aceptar los Derechos Humanos. Junto con esto, ha abogado por la constitución de una Teocracia, de forma de constituir el mandato de Dios en la Tierra. Marcela Aranda, así, se opone a dos siglos de construcción de derechos basados en la dignidad del ser humano, elaboración positiva fruto de las atrocidades de la segunda guerra mundial. Incluso, con su llamado, la libertad de culto y manifestación de todas las creencias como derecho humano y fundamental (19 N°6 CPR) no debería existir, quitando -por ignorancia- el propio resguardo de la religiosidad que defiende.

8.- Sin ocultar su activismo en la derecha, secunda a quienes piensan -desde su mismo sector- que el movimiento No más AFP está involucrado en la “ideología de género”, al ser financiado por el gobierno y tener voceros “socialistas”, cuando el mismo poder ejecutivo y la derecha se han opuesto a las transformaciones que dicho movimiento por la dignidad de la vejez y contra la usura plantea. Lo que evidentemente molesta es el fin a las AFP y el modelo de capitalización creado en dictadura por José Piñera, pasando el Estado a asegurar el derecho a una pensión digna y no el privado a través de la inversión de las mismas.

9.- Señala, sin pudor, que se pretende despenalizar la pedofilia en Chile mediante un acuerdo firmado entre la OEA y el MOVILH. No obstante, el único acuerdo es una solución amistosa entre el Estado de Chile y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras una denuncia del MOVILH, en la cual se expresó el incumplimiento activo del Estado en la salvaguardia de derechos tan esenciales como la igualdad humana (art. 19 N°2 CPR) y su expresión en la necesidad de tomar medidas contra la discriminación, particularmente contra la homofobia y la transfobia. La tergiversación se da por el art. 365 del Código Penal, el que establece el delito de sodomía (accesión carnal de hombre mayor de 18 a mayor de 14), no así el que un hombre penetre a una mujer de la misma edad, lo que es perfectamente legal. El reclamo se da, precisamente, a la desigualdad y discriminación de ese tipo penal. Cabe destacar, dicho sea de paso, que jamás hace alguna referencia a la pedofilia y zoofilia, lo cual se establece como un grosero ataque a la diversidad sexual.

10.- Señala que el libro de Educación Sexual de la Municipalidad de Santiago (que enseñaría a tragar semen o realizar sexo anal, según sus dichos) se estaría repartiendo en colegios, incluyendo a niños de 9 años. Más allá de las desvirtuaciones en torno al contenido, cabe aclarar, en primer lugar, que el libro fue construido en base a las dudas presentadas por estudiantes de enseñanza media, que -como estudiantes también de básica- tienen acceso a todo tipo de información mediante internet. El psicólogo Danilo Urbina, que participó de su confección, aclaró a El Dínamo que NO se repartió el libro en ningún colegio, sino sólo a estudiantes que participaron de él, a la SEREMI de Salud y Bibliometro. Además, no se ha considerado a nivel reglamentario repartirlo en ningún establecimiento de forma obligatoria. Sólo existió una iniciativa legal -a discutir- de repartirlo en torno a la necesaria educación sexual que merecen nuestros jóvenes.

11.- Arguye, por último, que no importan las marchas ni las manifestaciones, pues mientras la ley no favorezca a la Ley de Dios, estamos condenados a recibir maldiciones, ignorando toda separación entre Estado e Iglesia e infundiendo -como es su costumbre- miedo y temor, incluso contra el clamor popular expresado a través de distintas movilizaciones.

Marcela Aranda señala sin pudor que la representación de todas aquellas falsas medidas surge al calor de los procesos sociales de 1968, donde el Movimiento Estudiantil, los Movimientos Medioambientales, Laicos, de la Diversidad Sexual y pro aborto, tras la búsqueda de igualdad, establecieron la necesidad de eliminar las diferencias entre hombre y mujer, y así “complementariedad”.

Pero lo de Marcela Aranda no es ignorancia, y frente a ello no debemos confundirnos. Lo de Marcela Aranda tiene un fin claro: confundir, engañar, tergiversar. Y lo logra. Lo logra pues ataca al más débil: expone su posición desde una idea divina, donde se auto refiere como un canal de mensaje hacia quienes subyugan su vida a Dios. Se aprovecha del poco capital cultural de una población que ve en Cristo una salvación de las injusticias que afrontan, las cuales no se las dio él, se las dio un sistema político-económico injusto y segregador del cual Marcela es fiel defensora: “más familia, menos Estado”, o, dicho de otra forma, “más privado, menos público”. Pero también asusta: asusta a quienes ven en sus hijos e hijas lo más preciado. ¿Quién no se alteraría al escuchar cada una de sus -falsas- apreciaciones?

Pero Marcela Aranda también opera: busca tensionar a votantes cristianos a oponerse a estas “reformas morales”, y, con ello, a quienes están por aprobar esas leyes (que no existen). ¿Quién se beneficia? Sebastián Piñera, quien ha dado un giro de relevancia a posiciones más conservadoras. El debate se instala desde una posición ortodoxa en lo social, donde se tensiona el sentido común para desplazarse hacia el resguardo de lo conservador como única garantía de la no-existencia del temido descalabro social.

El miedo es una gran herramienta para obtener réditos políticos, y la derecha -junto con Marcela Aranda- lo han entendido a la perfección.

 



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