La crueldad de Karen Rojo: multar por sobrevivir

por Richard Sandoval



Sobre Richard Sandoval

Director en @noesnalaferia y conductor en @RNuevoMundo y @subelaradio. Autor de libros Soy Periférico y Colo Colo ya no es de Chile. Periodista @uchile

No había escuchado idea más estúpida que la de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien va a empezar a cobrar multas de hasta $250 mil a las personas que duermen en la calle en espacios públicos. Más allá de la falta de criterio, de humanidad, del más pequeño rincón de compasión en el corazón, la idea reina en el más absoluto absurdo. Dígame, señora Rojo, de dónde diablos va a sacar esa gente plata para pagar semejante deuda, personas que en muchos casos ni siquiera tienen monedas para sacar el carnet, para alimentarse ni para vestirse ¿O es acaso su idea, una simple trampa para derechamente llevar a la cárcel a los hombres y mujeres que pernoctan en sus veredas, muchos de los cuales lo hacen porque simplemente no tienen otro lugar donde estar? Porque así terminan los que no pueden pagar una multa, esas que crecen y crecen para terminar fijadas por el individual criterio de un juez: en la cárcel. Hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que los indigentes multados no van a pagar, porque ¡por algo son indigentes!¡No tienen niuno!

Lo más cruel de la ocurrencia de la alcaldesa derechista es que detrás de su intención de purificar sectores de la comuna está la declaración de ni siquiera dejar sobrevivir en paz a un sujeto, porque al multar por sobrevivir el Estado chileno está dejando en claro que además de no garantizar el derecho a la vivienda digna -derecho que ni siquiera está consagrado en nuestra Constitución- y la protección de la vida, te va a perseguir hasta quitar la libertad si es que por las tuyas no fuiste capaz de asegurarte un techo, un cobijo y un abrigo. Si no saliste adelante en el sistema adverso que te impongo -teniendo que vivir en la calle porque no encontraste otra posibilidad-; si te rebelaste a la forma de vida estructurada por el sistema del capital -decidiendo pasar las noches a la deriva-, te voy a perseguir, te voy cobrar lo que vale un sueldo mínimo por posar tus ropas sucias en mi cemento, y te voy a arrojar lejos, donde mis ojos no te vean, en un descampado miserable cuyo cuidado de imagen e higiene ya no me corresponde.

Karen Rojo con su ordenanza municipal, justificada y celebrara como una forma de aumentar la seguridad, y que además multará -según Bío Bío- “a quienes limpien parabrisas de automóviles en la vía pública, hagan malabares o ejerzan el comercio ilegal en las calles”, lo logró: llegó al colmo de la violencia del sistema, un colmo para tirarse los pelos de lo ridículo, porque cobrar multa a indigentes por dormir en la calle es como cobrar peaje extra a un auto en panne por llegar de los últimos en la carrera, es como cobrar mensualidad doble al estudiante más pobre del colegio como castigo inherente al ser pobre. Parece broma, pero es verdad, y pasa en una de las principales ciudades de Chile, la capital de la región con PIB per cápita similar al de Londres, el más alto del país, pero con 35 campamentos y casi 10% de cesantía -la más alta de la nación-, mientras las mineras extranjeras se lo llevan casi todo a sus bolsillos extranjeros y las locales tributan más millones en Vitacura y Lo Barnechea que en las poblaciones de la zona, las que de paso contaminan con sus químicos y minerales. Es la historia de una idea que puede ser tomada como anécdota, pero que es decidora de lo más horrible que pasa en Chile. Idea que se ha vuelto muy polémica y que ha sido defendida por la alcaldesa descartando un ataque a los indigentes, insistiendo en el trabajo social de su administración y en que la clave será el criterio policial para ver quien duerme en la calle por gusto y quien lo hace por necesidad, criterio que pierde gran validez ante la no distinción del artículo 11 de la ordenanza, que dice que “queda prohibida toda forma de ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público, ejercida con miras a pernoctas, acampar, habitar, residir o instalarse”. Esa es la riesgosa realidad de esta errada respuesta a la inseguridad denunciada por la ciudadanía.



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