La impugnación de la Gratuidad en el TC: No quieren perder plata por ningún segundo

por Richard Sandoval

Sobre Richard Sandoval

Director en @noesnalaferia y conductor en @RNuevoMundo y @subelaradio. Autor de libros Soy Periférico y Colo Colo ya no es de Chile. Periodista @uchile

Por Richard Sandoval

La impugnación de la gratuidad universitaria por parte de la UDI ante el Tribunal Constitucional es escandalosa y nos debería avergonzar como país que cree vivir en una democracia que sale a dar ejemplo de virtud a países como Venezuela. Es escandalosa porque, según demuestran los documentos argumentados por los 31 diputados opositores, el único objetivo detrás es la defensa de instituciones educacionales discriminadas, jamás de estudiantes, a quienes siguen viendo como parte de una cartera de clientes. Y esto no es una opinión mía, así lo manifiestan los propios parlamentarios en su texto impugnatorio: “Podríamos afirmar que los requisitos exigidos a los estudiantes para acceder al beneficio, al menos en apariencia, cumplirían con el estándar constitucional de ser objetivos y razonables. No obstante, si nos vamos a la forma en que se materializa en la glosa 05, el requisito de la letra e) que señala que el estudiante debe e) matricularse en una institución que sea elegible, y que ésta haya celebrado el convenio establecido en el párrafo cuarto, diferenciando arbitrariamente en cuanto a los requisitos que deben cumplir las señaladas instituciones elegibles, resulta abiertamente inconstitucional”.

O sea, a ver ¿es inconstitucional cuando no financia a cualquiera que ponga un cartel que diga Universidad, más allá de si adentro hay profesores o vendedores? ¿A quién defiende Andrea Molina y Felipe de Mussy? ¿A los estudiantes o al directorio de la Universidad de las Américas o del Desarrollo? No quedan muchas dudas. Lo dicen de forma clara: el problema no son los “estudiantes vulnerables” que quedan fuera por estudiar en institutos de dudosa calidad que lucran, el problema es que no puedan ir a hacer valer una política de financiamiento a esas instituciones privadas, acostumbradas a subsistir en el negocio –porque nunca hay que olvidar que son un negocio- gracias a una paridad de condiciones de mercado con las instituciones del Estado. Eso es lo que les duele en el alma a los diputados de derecha, que por primera vez una política pública de financiamiento en educación superior está abandonando una forma de beneficio focalizado (becas), lo que mantiene la dinámica común de la oferta y la demanda, para convertirse en derecho universal. Eso claramente ataca el negocio financiero e ideológico de los representados por la derecha, y así lo hace notar la publicidad de la Universidad del Desarrollo –propiedad de militantes de la UDI- que de forma inédita está invitando a estudiar con beca de 100% a quienes ponderan más de 700 puntos en la PSU. El mercado desregulado de la educación, el que destruye a la educación pública y embarga casas a endeudados, está acusando el recibo de lo que significa un primer año con gratuidad, están asustados por un giro histórico en la forma de entender el rol del Estado en el financiamiento de un derecho, y no se quieren quedar atrás por ningún segundo. No quieren perder plata por ningún segundo. No quieren perder matrícula por ningún segundo, porque saben que eso fortalecerá a las venidas a menos instituciones públicas.

A no confundirse, ese es el rol de la derecha en el Tribunal Constitucional. Una derecha que hace dos años decía que la gratuidad universal era regresiva y que ahora –sin dejar de creer en ello- la quieren para todas las instituciones –malas o no, lucen o no- con el único objetivo de no ver morir a las instituciones que sustentan una forma de sociedad. Tremenda paradoja para los que inventaron el concepto de “calidad” en la educación. Como dijo el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, sorprende que algunos recién descubran que la discriminación existe, en un escenario en que “por primera vez vamos a consagrarle el derecho a los jóvenes que están en determinados niveles socioeconómicos, a incorporarse a la universidad sin tener que hacer de ello una transacción comercial, sino que entendiendo como un derecho que la sociedad le da para su desarrollo como personas y que él retribuirá al beneficio del país. Nos parece que al contrario, es algo que comienza por primera vez a romper esta idea de discriminación en un país que es tan dolorosamente segregado”.

Jaime Bellolio –representante del distrito de San Bernardo, uno con los más bajos resultados en las pruebas estandarizadas- y compañía empiezan a sentir cómo se materializa el fin del lucro -palabra que llevan impregnada en la sangre de su ideología- y para evitarlo están dispuestos a adecuar a lo que sea su discurso, siempre con la defensa de “los marginados” por delante, sin decirles a los marginados que en el fondo no dirán nada si reciben gratuidad en instituciones como la Universidad del Mar, cuyo modelo sigue vigente por doquier en universidades y CFT a lo largo de Chile.

Para evitarlo, están dispuestos también a acudir una y otra vez al Tribunal Constitucional, macabra institución de la República, que funciona con diez miembros elegidos a dedo por el Congreso, el Ejecutivo y la Corte Suprema. Miembros que obedecen a cuoteo político y no a dignidad jurídica, porque ¿Sabía usted que la gratuidad de su hijo depende hoy de Cristián Letelier, ex diputado UDI que como abogado defendió a miembros de la Dina y la CNI, no sin antes pedir plata al Choclo Délano por correo para la campaña de Pablo Longueira; no sin antes defender a la secretaria de Alberto Cardemil en los inicios del caso Penta; y no sin antes tratar a los homosexuales como “desviados”? Ese es el garante de nuestra constitucionalidad en el TC. El sueño de Jaime Guzmán hecho organismo.

Porque el Tribunal Constitucional en Chile funciona como una tercera cámara legislativa. Si ya es difícil pasar una ley transformadora en la Cámara de Diputados, si ya es casi un milagro pasarla en el conservador Senado, siempre está a la mano recurrir al TC, que tiene la última palabra para de forma “preventiva” decir lo que Chile necesita o no. El Tribunal Constitucional nos roba la soberanía y cumple con lo que anunció Guzmán cuando lo adecuó a sus intereses: “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario”.

Ese es el gol que nos quiere meter Felipe de Mussy, un descarado que quiere frenar gratuidad para el 80% de los estudiantes de la Universidad del Bío-Bío mientras está procesado en el caso Penta. Ese es el gol que nos quiere meter Andrea Molina, que busca impedir que 6.700 alumnos de la U. Austral dejen de endeudarse por su educación, mientras gasta 3 millones de pesos al mes para trasladarse dentro de la Quinta Región.

Ese es el gol que nos quieren meter los que nos quieren ver morir haciéndonos tontos.



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